La iniciativa que promueve el titular del Credicoop y diputado electo, Carlos Heller, intenta crear un marco que defienda los derechos de los usuarios de servicios financieros. "Es un sistema absolutamente distinto del actual", señaló Heller. Iniciativas anteriores y nacionalización de depósitos
Todo parece indicar que el gobierno estaría avanzando en los detalles de un proyecto de ley de entidades financieras, con el objetivo de crear un sistema que intente estimular el crédito a la producción.
En caso de ser presentada y posteriormente aprobada, la ley reemplazaría a la sancionada a fines de 1977, bajo el número 21.526 por el gobierno militar. A lo largo de sus 32 años de vida, ésta fue analizada y modificada en 17 oportunidades, nueve por ley y ocho por decretos presidenciales.
Los principales promotores de este proyecto son Carlos Heller, titular del Banco Credicoop y diputado nacional electo por el oficialismo, y la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont. La intención del primero es alentar la "democratización del crédito" e incluye en su propuesta un impuesto a la renta financiera
Recientemente, Heller confirmó que tiene pensado presentar un proyecto en ese sentido cuando asuma el 10 de diciembre, aunque la iniciativa podría adelantarse en el marco de la actual composición del Congreso, favorable al oficialismo.
“Estamos pensando en un proyecto que, básicamente, parte de dos ejes principales: El primero es el de considerar la actividad financiera como un servicio público, de modo tal que el usuario tenga acceso universal y el derecho a recibir los servicios financieros. El segundo eje es que el sujeto de la ley son ellos y no las entidades”, afirmó Heller.
El titular del Credicoop explicó que a partir del nuevo rol que debe tener el usuario deberá redefinirse (el rol) que deben cumplir las entidades para satisfacer las necesidades y derechos de ellos.
Heller explicó que no se llamará “Ley de Entidades Financieras” sino “Ley del Crédito Productivo y Acceso Universal a los Servicios Financieros”.
“Hasta ahora las entidades pueden hacer todo aquello que no estuviera expresamente prohibido. Nosotros pensamos en un sistema en el que sólo puedan hacer aquello para lo que están expresamente autorizadas”, enfatizó.
Además, sostuvo que la iniciativa avanza en la creación de institutos específicos, como la Constitución de un Banco de Desarrollo -que no le prestará a las empresas sino que servirá para el fondeo de operaciones-, en un Instituto para la Vivienda, y en otro dedicado al financiamiento de pequeñas y medianas empresas.
Los puntos salientes de la propuesta
El argumento básico de la iniciativa es declarar a los bancos como un servicio público, aunque se mantengan en manos privadas, y así devolver al Estado la potestad de regular las tasas de interés, así como también los montos y la asignación de los créditos.
Otros puntos incluidos en el proyecto pasan por la política de apertura de sucursales, considerando incluso la obligatoriedad de que todos los bancos con sede en Capital Federal tengan en todo el país.
Se propone además, la construcción de un amplio mercado de préstamo bancario, centrado en el financiamiento productivo, en especial hacia las Pyme, y el hipotecario para la vivienda, "democratizando el crédito para que llegue a todos los que los necesitan" pues, según Heller, "las carteras de préstamos bancarios reflejan, con la excepción de muy pocos bancos, una alta concentración por deudor".
La iniciativa también busca lograr una "cobertura universal" por parte del sistema, puesto que menos de la mitad de la población está hoy bancarizada, y cubrir a todas las regiones, para que llegue a las localidades más pequeñas.
Según sectores vinculados al oficialismo, la actual Ley de Entidades Financieras promueve la especulación en lugar de canalizar fondos hacia la producción.
Opiniones del medio local
Fausto Spotorno, economista de Orlando Ferreres y Asociados, consideró que “estamos ante una mercado financiero chico, en el que los bancos no prestan a largo plazo por una fuerte necesidad de mantener su liquidez. En realidad, el problema es más macroeconómico que derivado de la ley de entidades financieras”.
El economista de OF&A le explicó a iProfesional.com que “hoy existe una alta concentración del crédito en cerca de diez instituciones, pero las tres primeras son estatales. De esta forma, la gran mayoría está en manos del Banco Nación y del Provincia”.
“Esto significa que hoy muchas Pyme no tienen acceso al financiamiento porque las cuentas no son claras, por ejemplo por tener empleados en negro”, explicó Spotorno.
Además, agregó que “en un sistema financiero chico, si no se tiene en claro cuál es la modificación que se pretende llevar adelante, se puede registrar una mayor fuga de capitales por desconfianza”.
Para Spotorno, “hay impuestos que están afectando a las entidades financieras, como el llamado impuesto al cheque y los Ingresos Brutos y, en este sentido, sí se puede trabajar”.
Según Tomás Bulat el problema no es la actual ley, “sino que no hay crédito porque no hay depósitos. Básicamente se trata de un problema de credibilidad de los bancos, que son intermediarios y no creadores de fondos”.
“Si se crea una legislación más laxa, lo que va a pasar es que la gente huirá del sistema porque bajaría la capacidad crediticia. Esto quiere decir que si se flexibiliza el crédito, hay que ver quién lo paga. Entonces, o se hace cargo el Estado o pueden generarse problemas de este tipo”, concluyó Bulat.
El impuesto a la renta financiera
Fuentes oficiales consideran que parte de la oposición acompañaría el proyecto, aunque con matices. El socialismo, por caso, reclama que antes se aplique el Impuesto a las Ganancias a la renta financiera. Algo que el propio gobierno siempre amagó con hacer pero nunca concretó.
La idea es que los fondos que se obtengan sean destinados a cubrir determinados planes sociales, como la asignación universal por hijo. Pero existe opinión formada que una decisión de ese tipo tendría que ir de la mano de la sanción de una nueva ley de Entidades Financieras.
Es por ello que la nueva legislación formaría parte de un paquete más ambicioso que incluiría, además, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La intención de aplicar un gravamen de esta naturaleza resurge periódicamente, con los más variados considerandos.
Por lo general, la intención es extender el alcance del Impuesto a las Ganancias a la compraventa de acciones celebradas por particulares, como también a los intereses de los plazos fijos.
Cabe recordar que las transacciones antes mencionadas ya soportan el peso del tributo cuando son realizadas por compañías.
Impacto
Consultado oportunamente por iProfesional.com, Enrique Scalone, titular del estudio que lleva su nombre, afirmó que “el tema de gravar la renta financiera es complicado por la imposibilidad de medir adecuadamente los efectos que dicha medida podría tener sobre la inversión y capitalización de las empresas”.
“Hay una frase que lo sintetiza claramente: el capital tiene alas”. La competencia entre los mercados financieros de las distintas plazas es feroz. Bastaría un simple anuncio de gravar rentas financieras en el país para producir rápidamente una corrida de capitales hacia plazas del exterior, con el consiguiente vuelco de esos fondos hacia la economía informal.
"Ello podría implicar un desfinanciamiento de las empresas argentinas”, agregó el especialista.
Por otra parte, Scalone destacó que “en el pasado han existido tributos específicos sobre la transferencia de títulos-valores, sobre la compra-venta de divisas, sobre las operaciones financieras, entre otros. Todos ellos aportaron escasa recaudación y significaron un escollo al flujo de capitales y al desarrollo de los mercados.”
“Desde el punto de vista de sus efectos sobre la economía del país, gravar la renta financiera puede acarreará más problemas que soluciones”, concluyó Scalone.
Proyectos anteriores
Los economistas del denominado Plan Fénix plantean desde hace tiempo la necesidad de trabajar en un nuevo marco normativo para la industria bancaria, que coincide en muchos puntos con la actual iniciativa.
Según su visión, el sistema financiero no puede ser dejado en manos del mercado sino que el Estado tiene que regularlo fuertemente, a partir de que la actividad bancaria sea considerada un servicio público, con un régimen de tasas subsidiadas para financiar proyectos de inversión en el interior pobre del país, redireccionar el crédito de la bancos estatales y privados al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
Entre los puntos principales de la reforma, que buscaría acabar para siempre con la llamada Ley Martínez de Hoz, también figuraría el redireccionamiento del crédito.
Es decir, que los bancos privados y públicos dirijan sus préstamos más hacia las pequeñas y medianas empresas que al consumo, algo que el gobierno viene solicitando insistentemente a las entidades financieras cuyas agrupaciones principales, como ABA, ADEBA y ABAPRA ni desmienten ni confirman.
Nacionalización de los depósitos
El sistema financiero argentino ha cambiado en las últimas décadas mediante sucesivas reformas. Estas modificaron de manera sustancial su marco normativo. En los períodos 1946-1957, 1973-1976 y parte de 1982 se trató de un sistema financiero con nacionalización de depósitos.
En el primer período se decretó la llamada “nacionalización de los depósitos” que impuso una garantía ilimitada y absoluta de las colocaciones bancarias por parte de la Nación, disponiendo contemporáneamente que ellas fueran recibidas y registradas en las entidades por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina.
Entre 1973 a 1977 se reimplantó el régimen de “nacionalización” (de los depósitos) por Ley 20.520 y se estableció nuevamente la garantía de la Nación sobre las colocaciones en pesos, sin limitación alguna en función del monto o de su titularidad, así como su recepción y registro por cuenta y orden del Banco Central.
Entre 1957-1973 y 1977-1982, el sistema operó con los llamados encajes fraccionarios, en tanto que desde 1983 hasta 1984 incluyó características de ambos. Por otra parte, hasta 1977 operó con tasas de interés reales negativas.
La idea del Plan Fénix era volver a un sistema más parecido al que operaba entre el '73 y el '76 con nacionalización de depósitos, tasas de interés subsidiadas y encajes fraccionarios para reorientar el crédito, algo totalmente diferente del sistema financiero actual y que, de confirmarse, generará una gran polémica.
Rubén Ramallo
